Con esta entrada se pretende dar unas pinceladas sobre lo que fue y supuso uno de los acontecimientos más bochornosos en la historia de España: la desamortización. Aún cuando para las cofradías el proceso tuvo consecuencias casi desastrosas no me referiré a ello en esta ocasión. Tan solo decir que para la Penitencial de la Pasión supuso una merma importantísima de su patrimonio escultorico y el despojo de gran cantidad bienes dedicados al culto. Será, si acaso en otro momento donde se intentará fijar el alcance de tamaño latrocinio. En un sentido amplio podríamos decir
que la desamortización fue un proceso de desvinculación de la propiedad
amortizada, proyectado realmente en el
siglo XVIII[1], realizado efectivamente en el XIX y rematado en las dos primeras décadas del siglo XX. Convendría en primer lugar definir lo que
entendemos por desamortización. Un bien amortizado o de "manos muertas" era aquel
que pertenecía, que estaba vinculado a una persona jurídica de forma que su
poseedor no podía cambiarlo o enajenarlo bajo ningún concepto ya que no se
trataba de una propiedad personal. Pues bien, la desamortización supuso la
supresión de ese vínculo jurídico que ligaba de forma intransferible una propiedad
a una persona jurídica. Esos bienes vinculados a personas
jurídicas podríamos clasificarlos en función de la naturaleza de su poseedor
en: bienes eclesiásticos, bienes señoriales y bienes municipales. Será sobre
los bienes eclesiásticos sobre los que aquí trataremos, aun cuando sobre los
bienes señoriales (mayorazgos) y municipales también se hizo presa y prueba de
ello la tenemos dando un simple vistazo a la “Gaceta de Madrid” de la época.
La Iglesia desde tiempos de la
Reconquista había recibido amplísimas posesiones, muchas veces en forma de
donaciones piadosas. Donaciones que el pueblo fiel (legítimo propietario de aquellos
bienes) había puesto en manos de la Iglesia por su pura liberalidad. Este fenómeno
continuará operándose hasta el siglo XVII. Esa acumulación de bienes, legalmente
indivisibles, provocaba en opinión de algunos un desigual reparto de la riqueza.
Tal aseveración no era del todo cierta porque la posesión de esos bienes (en este caso me refiero a las tierras), no significaba que su usufructo correspondiese
únicamente a sus poseedores, ya que estos podían ceder y cedían con la
autorización de prelados y abades su trabajo (el de las tierras) y el fruto de las mismas a
particulares bajo diversas formulas (arrendamiento, colonato, etc.), que
permitían (y esto es muy importante) la existencia de una amplia capa de
campesinado no siempre en una mala situación económica. En honor a la verdad
también hay que decir que el sistema presentaba problemas que pudiendose resolver de diversas maneras nadie parecía interesado en hacerlo, al menos de manera racional. Uno de esos problemas era la proliferación de baldíos.
El sistema de vinculaciones fue muy
criticado sobre todo a partir del siglo XVIII con la imposición del
racionalismo donde con la cantinela de siempre, se proclamaba al respecto que
la tierra sólo alcanzaría su pleno rendimiento cuando el que la trabajase fuese
su propietario. Desgraciadamente años más tarde, otros personajes con
idénticos argumentos demagógicos encaminaron a la sociedad española a una
situación explosiva. Personajes como Pedro Rodriguez de Campomanes (Ministro de Hacienda en 1760), José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca (Secretario del Despacho de Estado en 1789) o Gaspar Melchor de Jovellanos
enarbolaron las banderas “progresistas” para denunciar el régimen de
vinculaciones pensando en su delirio mesiánico que con el reparto de tierras,
España se convertiría en una de las naciones más prósperas del mundo y de
paso, como fin inconfesable conseguir la creación de una burguesía adepta a
la causa (al liberalismo).
Pedro Rodriguez de Campomanes
Pintura de Antonio Carnicero - 1777
Gaspar Melchor de Jovellanos
Pintura de Francisco de Goya
Aquella razón inconfesable derivaba de la simple respuesta a una pregunta: ¿Quién podría comprar todos esos bienes puestos en circulación?. La
respuesta es obvia: los que tenían el dinero suficiente para hacerse con ellos.
En otras palabras los ricos, que como consecuencia iban a ser más ricos a costa de los pobres, aunque
se procediese en última instancia en
nombre de ellos. Como podemos ver y salvando las distancias, los tiempos no cambian. Aún dando como buenos los
planteamientos antes indicados cosa ciertamente muy discutible, no aciertan de
ningún modo con la solución adoptada. Por ejemplo Rodríguez de Campomanes, delimita el problema, pero no propone una solución
tajante porque en el fondo le repugna conculcar el derecho de propiedad y Jovellanos
propone en su Informe sobre la Ley Agraria el reparto de la tierra entre
agricultores dispuestos a obtener de ella el máximo rendimiento. Con todo, los ilustrados como
siempre, teorizaron más que realizaron. En relación con los bienes eclesiásticos, en aplicación del Concordato de 1737 Felipe
V deja sujetos a contribución los bienes que en adelante adquiriese la Iglesia. Conviene recordar que la Iglesia de antiguo disfrutaba de exenciones fiscales. El
siguiente paso adelante se produce en 1753, cuando Fernando VI consiguió que el producto de las sedes eclesiásticas
vacantes revirtiese a la corona. Carlos III aceleró las campañas en pro de la
desamortización y aunque las resoluciones adoptadas fueron escasas, alguna de
ellas fue bastante contundente (por ejemplo: la expulsión e incautación de las temporalidades,
bienes y rentas de la Compañía de
Jesús).
Carlos III
Pintura de Anton Mengs
Carlos IV acelera los acontecimientos:
por diversas cédulas de 1789 y 1798 concede la autorización para enajenar ciertos bienes vinculados. Entre medias, en 1797 se
procede a la venta de otros bienes raíces (podríamos decir los restos) que
fueron propiedad de los jesuitas, aunque como coartada debía ir precedida de
la autorización de los prelados. El régimen liberal que con vaivenes
se instaura en España a partir de las Cortes de Cádiz continúa la misma política
desamortizadora pero ahora, las medidas que se adoptarán serán improvisadas y
sectarias y darán lugar a la toma de decisiones radicales. Bien es cierto que
ya José Bonaparte había decretando la supresión de determinadas órdenes o comunidades
religiosas y la incautación de sus bienes por parte del Estado. Como dato curioso podemos decir por ejemplo que en Madrid procede a expropiar bienes
eclesiásticos para la construcción de la Plaza de Oriente (parece ser que José Bonaparte, tambien conocido como Pepe Botella, pertenecía a la masoneria debiendo obediencia al Gran Oriente de Francia, bautizando la plaza en honor a dicha logia).
_01.jpg)
Plaza de Oriente de Madrid
Pero como se decía anteriormente, la llegada de las Cortes de Cádiz no repone la
situación anterior y no restauran ni restituyen lo suprimido por el francés. (A primera vista y aunque pueda ser discutible, da la sensación que a los padres de la Constitución de 1812 había cosas que aún realizadas por el invasor no les parecía mal. Por otra parte pocas cosas podían extrañar siendo Rey Fernando VII). En el trienio liberal (1820-23) se
reanuda la corriente desamortizadora, que se había relajado un poco hasta ese
momento y el 30 de marzo de 1820 dando por extinguidas las órdenes monásticas
se aplican sus bienes al Tesoro. Hay que decir, que cuando se
tomaban esas medidas se procedía no sólo a la incautación de los bienes
inmuebles, sino que también se quedaban con bibliotecas, archivos,
objetos litúrgicos, esculturas etc. dando lugar, por ejemplo a las primeras
bibliotecas públicas y con el paso de
los años a las riquísimas colecciones de obras de arte en manos de los museos del
Estado. Otras incautaciones acabaron en pública subasta, dando lugar a grandes
patrimonios particulares formados por los despojos de lo vilmente expropiado. La aceleración del proceso no
llegaría hasta la imposición definitiva del régimen liberal, cuando la
burguesía triunfante después de conquistar los resortes políticos quiso
conquistar y apoderarse, como ya se indicó anteriormente de los resortes
económicos. Pero si hablamos de "desamortización" la misma quedará ligada
extraordinariamente al nombre de Juan Álvarez Mendizábal (realmente respondía
al nombre de Juan Álvarez Méndez y lo cambio por razones que no hace al caso comentar).
Juan Alvarez Mendizabal
Durante la Guerra de la Independencia estuvo vinculado a la administración de
las tropas españolas. Residió varios
años en Inglaterra y tenía como obsesión la idea de sustituir la vieja clase
aristocrática española por una burguesía propietaria como la británica.
Ahora bien, mientras que no se atrevió a
ir abiertamente a por las propiedades de la nobleza, tocado por un
anticlericalismo enfermizo, aplicó de manera violenta la desamortización a los
bienes eclesiásticos. Como casi todos los personajes que intervinieron en este
inmenso expolio (no podía ser menos)
pertenencia a la masonería, lo que explica, antes como antes y ahora
como ahora muchas cosas. Pues bien, el miembro masónico del Taller Sublime
gaditano es elevado a ministro de Hacienda por el Conde de Toreno[2]. En septiembre de 1835 ocupa la Secretaria de Estado
y el 11 de octubre de 1835, con la firma del Real Decreto por la Reina
Gobernadora (María Cristina de Borbón) en el Palacio de El Pardo, disuelve las
órdenes religiosas exclaustrando a sus individuos y en febrero de 1836 se declaran todos los bienes raíces en estado de venta mediante
pública subasta. Las adquisiciones fueron muy rápidas entre 1837 y
1843 y dieron lugar, viendo los personajes que intervinieron a escándalos y
defraudaciones. Si en el orden financiero la desamortización fue poco fecunda,
no fue así en el orden político (el fin inconfesable que antes de indicaba). En
todos los ámbitos del país surgió una nueva clase de propietarios adictos al
sistema, dispuestos a todo trance a conservar la nueva situación.El proceso se
hizo más lento con la subida al poder de los moderados y se creyó paralizado
definitivamente al firmarse el concordato de 1851, por el que el Estado se
comprometía a devolver a la Iglesia los bienes aún no subastados a cambio del
reconocimiento por Roma de las licitaciones ya consumadas. Como suele suceder
en los casos en los que se cede tanto nunca acaban bien. El
Concordato se rompe solo tres años después. En 1854 y 1855 con la revolución
progresista se produce la mayor actividad desamortizadora en lo que
se refiere a los bienes eclesiásticos, aunque afecta en menor medida también a
los bienes comunales. El ritmo decrece
nuevamente en 1857 y vuelve a incrementarse con la revolución de 1868, siguiendo así hasta la segunda
década del siglo XX. Podríamos finalizar diciendo que desde el punto de
vista hacendístico el Estado no hizo el negocio que esperaba Mendizábal. Las
transacciones se hicieron por lo general en papel del Estado, que pronto se
depreció; además los plazos concedidos impidieron que la desamortización fuera
la panacea que buscaba el gobierno (dinero rápido) y no fue posible paliar la crisis
financiera ya que no fue el sistema elegido el mejor; la desamortización se
hizo con precipitación y de forma
sectaria de modo que fueron pocos los beneficiados y muchos los perjudicados
(los bienes fueron a parar de las “manos muertas” a las manos “vivas”… y muy
vivas, que hicieron pingües negocios). Las subastas se hicieron en grandes
lotes en los que el número de compradores fue relativamente pequeño y además ya
eran propietarios. En Andalucía y Extremadura vinieron a reforzarse los
latifundios contribuyendo a concentrar
la propiedad y no a repartirla.
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Antiguo Convento de la Merced Calzada de la Asunción, desamortizado en 1835
Techo del que fue Convento de la Merced Calzada de la Asunción de Sevilla
Hoy Museo de Bellas Artes
Monasterio de Santa Maria de Valldigna (Valencia)
Desamortizado en 1836
Interior de la Iglesia de Monasterio de Valldigna (Valencia)
Iglesia del Convento de San Agustin. (Valladolid).
Desamortizado en 1835
Iglesia del Convento de San Agustin (Valladolid)
Hoy Archivo Municipal
Fachada de la Iglesia del Convento de San Agustin Valladolid)
La desamortización eclesiástica
fue a todas luces un atropello tanto desde el punto de vista legal, como moral y patrimonial porque muchísimas obras de arte, objetos liturgicos (cruces procesionales, cálices, copones, custodias, arcas etc), fueron expoliados y fundidos así como libros y manuscritos de valor incalculable fueron a parar a manos privadas, que en el mejor de los casos, vendieron en el extranjero y en el peor se perdieron irremisiblemente. Quede como ejemplo de pérdia irreparable el antiguo Retablo Mayor en plata de la Catedral de Valencia que fue fundido en Mallorca en 1812.
[1]
Ya con la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767 dictada por Carlos III, por
la que se expulsa a los jesuitas de los dominios de la corona de España,
incluyendo los de ultramar, y se procede a la incautación de todos sus bienes,
comienza a atisbarse lo que con el paso de los años será un expolio a gran
escala organizado por determinados sectores de los poderes ocultos y menos
ocultos, con el fin de afianzar ese
poder y su enriquecimiento en este caso injusto. Con Manuel Godoy comienza una
etapa de conflictos bélicos en España. Sufragar los cuantiosísimos gastos
fuerza a iniciar sucesivas desamortizaciones afectando a los bienes inmuebles
de hospitales y hospicios, así como casas de misericordia y bienes inmuebles de
cofradías.
[2]
José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, que ocupó lo que se llamaba la
Secretaría de Estado, equivalente a la Presidencia, en junio de 1835.
Todas la fotografias estan tomadas de internet
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